Como ya se conoce púbicamente, la empresa incorporada al Grupo Glencore anunció el cierre definitivo de sus puertas y más de 400 familias perdieron su sustento económico. La empresa, que se encontraba con su producción detenida desde noviembre por la rotura de un horno, decidió no “inyectar más capital” en la planta ubicada sobre la Ruta 11 en Fray Luis Beltrán ya que existe la posibilidad de que se importe desde otros países a menor costo tras el anuncio del Gobierno Nacional de la apertura de importaciones.

En febrero la compañía ofreció un programa de retiros voluntarios a los cuales se acogieron casi el 80% de los trabajadores. En estas circunstancias y por la situación de los despidos, la CGT San Lorenzo dispuso un paro regional en el Cordón Industrial del cual participaron todos los actores políticos, sociales y gremiales. Luego de todo este proceso de cierre, retiros voluntarios y despidos, quedó sin resolver al día de hoy la situación de 32 trabajadores que les han notificado, a través de cartas documento, la extinción de sus contratos de trabajo y que quedaron virtualmente en la calle y sin ningún tipo de resarcimiento.

Por estos motivos, el Senador Armando Traferri presentó un Proyecto de Comunicación solicitando al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se arbitren los medios necesarios para la entrega de ayuda económica como así también se dé intervención al Ministerio de Desarrollo Social para la asistencia a las familias de los trabajadores que actualmente quedaron sin ingresos hasta tanto se reinserten en el mercado laboral.

El objetivo principal es resguardar la integridad de los trabajadores evitando aumentar la tasa de desempleo con la que ya contamos a nivel regional. Son muchos los factores que están afectando al mercado, entre subas de tarifas de luz ya se anunciaron nuevos aumentos que si no se toman las medidas necesarias a tiempo pueden llegar a dejar grandes consecuencias. Es importante que también como sociedad tengamos en cuenta qué limitaciones y responsabilidades tiene cada funcionario, cada sector político y cada actor social, para tener pleno conocimiento de cómo actuar y sobre quién ejercer presión.