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jueves, 09 octubre 2014 | Granadero Baigorria

Cuenta regresiva para la expropiación de La Calamita

Si la Legislatura santafesina no aprueba la iniciativa antes de fin de año, el proyecto de ley perderá estado parlamentario. Recorrido de un reclamo que tiene más de una década.
Cuenta regresiva para la expropiación de La Calamita

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La Legislatura provincial tiene tiempo hasta fin de año para aprobar el proyecto de ley de expropiación del ex Centro Clandestino de Detención “La Calamita” de Granadero Baigorria, en caso de no hacerlo, sería la quinta vez en los últimos diez años que esta iniciativa queda truncada. La acción permitiría, no sólo generar en el predio un espacio para mantener viva la memoria, sino que el Equipo de Antropología Forense realice los trabajos correspondientes ¬en un sitio donde hubo personas detenidas que fueron torturadas, asesinadas o desaparecidas durante la última dictadura cívico militar.

La Calamita no se agota en el casco del predio y sus dependencias sino que abarca un porción de tierra de aproximadamente 10 hectáreas, por lo que requiere una inversión económica muy importante. Ya que no solo se trataría de adquirir la edificación principal y sus dependencias sino todos los terrenos lindantes, pertenecientes a Raúl Benzadón, el hijo de un reconocido empresario de la región, que en su momento les alquiló esa quinta a Antonio Rodenas y Natalio Wensteien, por entonces dirigentes del Club Atlético Rosario Central.

A su vez, estos la cedieron al II Cuerpo del Ejército al mando de los generales Leopoldo Fortunato Galtieri y Genaro Díaz Bessone, según los testimonios este subalquiler tuvo como objetivo conseguir que el gobierno de facto otorgara a Central la sede para el Mundial de Fútbol de 1978, sede que disputaba con su clásico rival Newells.

Para esos cien mil metros cuadrados de tierra, el propietario actual, tiene pensado otros planes que le generaría una cuantiosa ganancia: “Benzadón tiene contactos con el gobierno provincial y los dueños propusieron ceder el casco y poner un polo industrial privado en el resto del predio”, contó Luis Cruz integrante de la organización Documenta Baigorria. Esta misma versión fue confirmada por autoridades provinciales del área de Derechos Humanos y por legisladores.

Además, el lugar donde se encuentra ubicada la quinta representa para el municipio de Granadero Baigorria un espacio fundamental para la expansión urbana a futuro ubicada a 1000 metros de la ruta nacional Nº 11 y a escasa distancia de la autopista Rosario – Santa Fe, de esta manera se convierte casi en la única dirección posible que tiene esta localidad para poder extenderse. Igualmente, a pesar del importante valor económico descripto anteriormente, cabe destacar que esos terrenos poseen una gran deuda fiscal.


Imagen aérea del predio

Actualmente el predio es ocupado por Ramón Sosa, un casero que está a cargo del lugar desde hace años y a su vez en ese lugar hay gente que está construyendo viviendas

María Celia Fernandez, una de las pioneras en esta lucha y que hoy participa de la misma organización que Luis, sostuvo que “el hecho de que sea privado es un problema. Acá está en juego la complicidad civil y hay gente poderosa alrededor de todo esto. Supongo que es eso lo que hace que esto no se mueva. Si eso hubiera sido un lugar del ejército ello ya se habría expropiado”.

Las agrupaciones que se fueron conformando a través del tiempo para recuperar el espacio, hasta transformarse hoy en día en “Documenta Baigorria”, destacan que si bien el municipio les facilita las instalaciones para reunirse y el ejecutivo provincial colabora con los señalamientos donde hubo Centros Clandestinos de Detención, el acompañamiento no es el suficiente para ellos, según se desprende de sus declaraciones.

“La Municipalidad apoya la tarea que nosotros realizamos. Nos dejan hacer y nos facilitan material, lugares para realizar las actividades. Pero concretamente el único grupo que trabaja en relación al tema somos nosotros. Ni organismos, ni del Estado, salvo la diputada Alicia Gutiérrez que presentó el proyecto de expropiación”, explicó María Celia Fernández.

“Es un lugar –continúa relatando Fernández- que se está destruyendo, es una construcción antigua en muy mal estado, no sé cómo vive gente ahí. Es privado, por lo tanto nosotros no tenemos acceso al lugar y solamente puede entrar el juez cuando va con algún testigo”.


Muestra del deterioro de algunos de los sectores donde funcionó el Centro Clandestino

La justicia juega un rol determinante, ya que a pesar de las numerosas declaraciones de testigos y de los condenados en la causa Guerrieri II, el Poder Judicial solamente en una oportunidad dictó una medida cautelar de no innovar en el lugar para permitir el ingreso del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Esta única posibilidad se dio a partir de las declaraciones del represor Eduardo “Tucu” Constanzo, quien había brindado declaraciones sobre el lugar exacto donde supuestamente se encontraba enterrado el cuerpo de una persona desaparecida. El EAAF desarrolló su labor únicamente en el lugar señalado, sin la posibilidad de poder expandirse previendo algún error en la memoria del genocida.


Miembros de la Conadep en su visita al predio, frente a un árbol con varios impactos de bala

“Primero tienen que trabajar los Antropólogos Forenses. Nosotros estamos seguros que hay gente ahí enterrada. Hubo declaraciones de (Eduardo) Constanzo y tenemos testimonios de otra gente que ha encontrado allí huesos y restos. Por algún motivo, que es esta falta de interés en la justicia, no se ha investigado ese predio como debe investigarse. Sólo se excavó un pedazo muy pequeño, donde Constanzo había dicho que estaba el soldado (José) Prat. Ellos tendrían que investigar a fondo y el juez no se lo ha aprobado”, remarcó Fernández.

Al no haberse obtenido resultados del trabajo antropológico forense cayó la medida cautelar. La modificación en la estructura del casco sumado a la remoción de escombros y movimientos de tierra podrían afectar de manera directa un futuro trabajo que permita encontrar posibles cuerpos allí enterrados. “La remoción de tierra afecta mucho. Hay ocho o diez construcciones hoy. Para hacer esas casas han removido mucha tierra y uno no sabe si en ese lugar hay compañeros enterrados”, dijo Luis Cruz.

Un reclamo que tiene más de una década

El primer intento de los representantes provinciales para lograr la confiscación data del 2003. Ese proyecto impulsado por el diputado Di Pollina obtuvo la aprobación en ambas cámaras pero el ejecutivo nunca lo llevó adelante.

No obstante, el gobernador Jorge Obeid cuando firmó la promulgación de la ley Nº 12.192 incurrió en un error, que luego tendría repercusiones en las organizaciones sociales, ya que en la normativa solo figuraba una décima parte de la extensión real del predio que se solicitaba expropiar.

En esta primera oportunidad no solamente se omitían más de 90 mil m2 sino que además, según el plazo establecido por el art. 61, inc a) de la Ley Provincial N° 7.534 (de Expropiación), esto es dentro de los dos años de sancionada aquella norma que la autorice, la misma no se pudo ejecutar, obligando a recorrer el mismo camino institucional que ya se había transitado en el Congreso provincial.

Dos años más tarde un proyecto impulsado por el diputado Alfredo Cecci siguió los mismos pasos que el anterior. Apenas comenzado el año 2008, la diputada provincial Alicia Gutierrez volvió a levantar la bandera de la expropiación y presentó una nueva iniciativa de características similares al que se había aprobado en el 2003 y 2005.

En esta oportunidad, la iniciativa de Gutierrez contó con el aval de sus pares de la cámara baja pero al no ser tratada en la Cámara de Senadores, perdió estado parlamentario.

Las distintas organizaciones de Derechos Humanos que en el año 2010 haya ocurrido lo mismo: la diputada Gutierrez ingresó nuevamente otro proyecto persiguiendo el mismo objetivo que una vez más fue acompañado por diputados pero nunca se trató en senadores. Con respecto a esta situación la legisladora expresó: “el senado es un ámbito muy conservador y evitan tratar ciertos temas”.

A pesar de la no ejecución de las leyes promulgadas por parte del ejecutivo provincial a cargo del Ing. Jorge Obeid y de la falta de respuesta por parte de los senadores en las últimas dos presentaciones, la diputada Alicia Gutierrez volvió a ingresar en la Cámara de Diputados en el año 2013 otra vez el mismo proyecto. Se espera que para fin del corriente año sea tratado, de lo contrario volvería todo a foja cero.

Vale aclarar que para que no ocurra el mismo error en las dimensiones del predio solicitado a expropiación, este proyecto especifica cuáles son los dos lotes a confiscar.

Investigación y redacción: Fernando Cambas, Julia Rocca, Nicolás Buscemi

Agradecimientos: Al Grupo Documenta Baigorria, a la diputada provincial Alicia Gutiérrez y al Dr. Sebastián Castro Rojas

Fotos: Museo de la Memoria ciudad de Rosario

En memoria de Hugo Rossi.

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