El proyecto fue ingresado por primera vez en el año 2014, vencido el plazo legislativo se ingresó en el 2016 bajo el expediente 33.859JL. Pasado dos períodos legilativos, los proyectos caducan. Ya con el tercer reingreso, Traferri decidió insistir en este nuevo periodo legislativo con su ingreso por mantener plena vigencia la necesidad que motivó su presentación original.

Tomar un taxi, hacer compras, ver televisión, sacar turno en el médico y demás actividades cotidianas, a simple vista, pueden ser realizadas sin problemas para la mayoría de las personas. Sin embargo, existen miles de santafesinos que, por padecer distintos grados de sordera deben luchar para ser entendidos y desenvolverse en su vida.

Con el fin de achicar esa brecha social, el Senado Armando Traferri sostiene que “nuestra provincia debe contar con una Ley que garantice la comunicación por medio de la Ley de lengua de señas en las dependencias del Estado Provincial que presten atención al público.”

El proyecto en cuestión pretende implicar un proceso de cooperación y aprendizaje mutuo entre los que oyen y los que no lo pueden hacer. “Por esto, si se logra que la presente ley comience a ser aplicada, el vacío comunicativo que afecta a miles de personas, será subsanado paulatinamente”, sostuvo el legislador.

También se establece una bonificación salarial para aquellos agentes de la administración pública provincial que se capaciten en este sentido.

Será obligación, a partir de la presente ley, que la administración se adapte para que quienes se comuniquen por lengua de señas tengan un interlocutor en las dependencias públicas. Al menos un empleado público por repartición deberá manejar fluidamente las Lenguas de Señas Argentina. La medida alcanza a todos los poderes del Estado y en todos sus niveles y categorías.

Una vez capacitado el personal, los organismos deberán colocar la cartelera correspondiente, que facilite el acceso visual y la identificación fehaciente del personal capacitado.

El hecho de abrir un espacio de integración para no oyentes e hipoacúsicos no hace más que saldar una deuda pendiente que el Estado mantiene con los santafesinos que padecen problemas auditivos. Acceder a un crédito o aspirar a contraer matrimonio, efectuar un trámite en el API, hacer una denuncia policial pueden convertirse en utopías para quienes padecen sordera.

“Romper las barreras que separan a las personas con discapacidad auditiva es un objetivo de integración al que no podemos renunciar”, declaró Traferri y continuó “aún hoy, a pesar de los avances legislativos y los esfuerzos de numerosas organizaciones públicas y privadas existe un elevado número de personas que no están totalmente insertadas en la sociedad.”